Autoridades ambientales se niegan a rendir cuentas a la población del Distrito Federal

 

De la Garza, Ponce Nava y Aispuro dejan plantados a asambleístas y a vecinos de la Benito Juárez, para explicar situación legal del hundimiento en el WTC de la Nápoles

El diputado Tomás Pliego considera mejor evitar la comparecencia de estos servidores públicos para así impedir el manejo electoral de temas que afectan a los habitantes de la ciudad

 

Antena Radio / Edición vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?, con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9 de FM y 1220 de AM, 15 de junio de 2009.

 

No tengo la menor duda de que uno de los rasgos que mejor distinguen a los regímenes democráticos contemporáneos, es el cumplimiento por parte de los servidores públicos de su ineludible obligación de rendir cuentas de los actos y del estado que guarda la administración de los asuntos de gobierno a su cargo.

En la presente década los mexicanos vivimos una transformación sustancial en este tema, al pasar de ser testigos pasivos de actos protocolarios en los que cada año el titular del Poder Ejecutivo presentaba “el estado que guarda la nación”, a la aprobación de una Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (del 30 de abril del 2002) que nos da el derecho a conocer con detalle la actuación del gobierno en todos los órganos del Estado.

Sin duda, aún falta mucho por avanzar en la formación de una cultura de la exigibilidad de nuestros derechos como ciudadanos y de la puntual rendición de cuentas de los servidores públicos. Hablando de la protección y preservación del medio ambiente, esa laxitud en la justicia ambiental ha favorecido un costoso deterioro de nuestros recursos naturales, la destrucción del territorio, la pérdida de importantes especies vegetales y animales, y, en fin, incontables afectaciones a nuestra calidad de vida.

Un dato: la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) cuenta con 600 inspectores para todo el territorio nacional, de los cuales tan sólo 200 están en campo vigilando que no haya tala clandestina de los bosques y selvas, ni tráfico ilegal de especies silvestres o verificando que la industria no cometa delitos ambientales.

Incluso, la indiferencia y la desinformación sobre nuestros derechos y obligaciones en materia ambiental, nos ha llevado al extremo que pudimos presenciar el miércoles de la semana pasada en el Distrito Federal, cuando un funcionario electo popularmente –el delegado de la Benito Juárez-, otra designada por la Asamblea Legislativa –la procuradora ambiental y del ordenamiento territorial- y un integrante del gabinete del Jefe de Gobierno capitalino –el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda-, se negaron en los hechos a comparecer ante los diputados locales de la Comisión de Desarrollo Urbano y de cara a los vecinos de las colonias Nápoles, Del Valle, San Pedro de los Pinos, Insurgentes y Narvarte.

Estos servidores públicos que fueron llamados para explicar la situación legal de la construcción que causó un enorme hundimiento de tierra y que amenazó la vida y el patrimonio de los vecinos de la colonia Nápoles, breves minutos antes de su cita en el recinto de Donceles y Allende, justificaron “compromisos previos” y dejaron plantados a ciudadanos y a legisladores. Sorprende que, aún perteneciendo a fuerzas políticas distintas, los tres decidieron no rendir cuentas sobre un asunto en el que todos están involucrados desde por lo menos hace cuatro o cinco años.

 

 

Además de ofenderme el desprecio tácito hacia la ciudadanía manifestado por Germán de la Garza, Diana Ponce Nava y Arturo Aizpuro, me sorprenden las declaraciones del diputado local Tomás Pliego, publicadas el día de hoy en algunos medios, en el sentido de que –por ahora- “es mejor evitar la comparecencia de estos servidores públicos para así impedir el manejo electoral de temas que afectan a los habitantes de la ciudad”. Yo me pregunto, ¿entonces en tiempos electorales los servidores públicos en funciones estarán exentos de rendir cuentas, porque los problemas de la población pudieran servir para las campañas partidistas?

Nos sintamos o no identificados con algún partido político, optemos por lo que optemos hacer con nuestro voto el primer domingo de julio, creo que es importante que en la actual contienda electoral no renunciemos a exigir decididamente el derecho que nos da la Constitución (en su Artículo Cuarto) de gozar de un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar. ▄

 

De la Garza y Ponce Nava, 2007©