Derrumbe en la colonia
Nápoles, resultado de la actuación poco transparente de las
autoridades
Diana Ponce,
titular de la PAOT, dice que lleva un año y medio buscando
las autorizaciones de la obra y que no los encuentra
Medio centenar de
vecinos fueron desalojados de sus propiedades, ante la
amenaza de que el hundimiento crezca
Antena Radio / Edición
vespertina / Sección Medio Ambiente, ¿Qué puedo hacer yo?,
con el Lic. Francisco Calderón Córdova / 107.9
de FM y 1220 de AM,
18 de mayo de 2009.
La noche del miércoles de la semana pasada, después de una
fuerte lluvia en las inmediaciones de la colonia Nápoles de
la Ciudad de México, el reblandecimiento de las paredes de
cimentación de una obra causó un deslave y un hundimiento de
25 metros de profundidad por 10 de ancho. Afortunadamente,
no hubo víctimas humanas, pero en cambio sí tuvieron que ser
desalojados de sus casas y negocios medio centenar de
vecinos, en prevención de que el hundimiento aumente su
dimensión.
Hoy se sabe que las autoridades capitalinas de protección
civil y la empresa que construye un desarrollo comercial y
habitacional en este terreno de casi tres hectáreas –ubicado
a espaldas del World Trade Center de la Ciudad de México-,
actúan ya para proteger la seguridad de los vecinos y para
reforzar el muro de contención de la obra. Muy seguramente,
en pocas semanas o quizás días el asunto dejará de ser
noticia.
Sin embargo, para los vecinos de la colonia Nápoles (entre
los que me cuento), este derrumbe ha sido la consecuencia de
más de cuatro años de actuaciones poco transparentes por
parte de las autoridades delegacional, de desarrollo urbano
y vivienda, así como de la autoridad ambiental.
Ya desde mayo de 2005 varios residentes de la colonia
Nápoles, en la delegación Benito Juárez, manifestaron su
rechazo a la construcción del desarrollo inmobiliario
denominado “Residencial World Trade Center”, aledaño a la
avenida Del Parque, donde la tarde del miércoles se produjo
el hundimiento. En un principio, el proyecto contemplaba la
construcción de 862 viviendas y un centro comercial, lo que
–a decir de los vecinos- impactaría severamente la densidad
poblacional y los servicios públicos de la colonia Nápoles.
Así mismo, los inconformes preveían una descomposición de la
convivencia vecinal con la llegada de tres mil nuevos
habitantes a la zona.
La sugerencia fue entonces disminuir a 260 el número de
viviendas nuevas; finalmente, las autoridades dieron permiso
a la empresa inmobiliaria para construir 600 viviendas.
Para el mes de marzo de 2006, más de 40 denuncias en contra
de esta obra habían sido interpuestas por vecinos de la
colonia Nápoles ante la Procuraduría Ambiental y del
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (PAOT);
acusaban violaciones al programa parcial de desarrollo
urbano y la ausencia de estudios de impacto urbano, entre
otras presuntas irregularidades. Esta autoridad ambiental
abrió una investigación identificada como “Dakota 95”, que
cubrió también a las obras realizadas en el polígono
comprendido por las calles de Chicago, Arizona y Del Parque.
A pesar de que la PAOT reunió información suficiente que
dejaba ver incluso irregularidades jurídicas y normativas en
la realización de esta obra, en el año 2007 su nueva
titular, la señora Diana Ponce, aparentemente dio por
concluida la investigación con la realización de una visita
conjunta con la autoridad delegacional a las instalaciones
del World Trade Center. La inspección se limitó a contar el
número de cajones de estacionamiento y corroborar si éstos
correspondían al número de metros cuadrados de construcción.
El día de hoy la prensa nacional publicó declaraciones de la
procuradora ambiental capitalina, en las que asegura que
después de un año y medio de estar buscando “no encuentra la
documentación que avale la legalidad de la construcción” de
este desarrollo inmobiliario en la colonia Nápoles. Por
ello, dijo, contempla la posibilidad de emitir una
recomendación a la SEDUVI y a la delegación Benito Juárez.
No olvidemos que, como habitantes de esta ciudad y como
ciudadanos, tenemos también la obligación de exigir a las
autoridades que nos protejan de los riesgos ambientales
(como el hundimiento en la Nápoles) y que si no pueden,
mejor se vayan.
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