Prioridades ambientales
deberán incorporarse a criterios de planeación en las
organizaciones
Antena Radio / Edición matutina
con Mario Campos / 107.9
de FM y 1220 de AM,
25 de diciembre de 2008
Se acabó el 2008, y con la conclusión de este ciclo viene,
como es costumbre, la evaluación de los logros alcanzados
durante el año no sólo por las personas, sino –sobre todo-
por las organizaciones públicas y las privadas. Al igual que
lo hace gran parte de la gente en lo particular (cuando al
iniciar el nuevo año establece compromisos y propósitos para
los siguientes doce meses), en las instituciones
gubernamentales y en las áreas de planeación estratégica de
las empresas también se elaboran programas anuales de
trabajo y se fijan las metas deseables.
Corresponde a los servidores públicos del Estado y a los
administradores gerenciales realizar la evaluación anual de
sus propios indicadores de gestión; es decir, revisar si se
hizo y se gastó lo que se planeó, qué se logro y qué no, por
qué y cómo deberá actuar en el futuro la organización para
alcanzar sus metas o replanearlas. Pero –finalmente- es a la
ciudadanía, a usted y a mí, a la sociedad en su conjunto, a
quienes nos toca evaluar los impactos que tal o cual
decisión tuvo sobre nuestra calidad de vida y en el
bienestar de la comunidad en general.
En términos de la política ambiental, seguramente durante
estos días las instituciones públicas federales y locales
encargadas del tema preparan ya sus informes de gestión
2008, donde se dará a conocer a la ciudadanía sobre los
logros alcanzados y, más veladamente, de los fracasos
enfrentados a lo largo del año. Pero, independientemente de
lo que ahí se diga, existen hechos contundentes que impactan
a nuestra vida cotidiana y a partir de los cuales los
gobernados percibimos si las cosas van bien, regular o mal,
en temas como la contaminación ambiental, la deforestación
de nuestros bosques y selvas, la calidad y disponibilidad
del agua o los impactos del cambio climático en nuestro
territorio. Haga usted su propia evaluación.
Mi percepción de la situación ambiental a lo largo del año
2008 –tanto en el contexto nacional como en el global-, me
lleva a identificar una serie de prioridades que, en mi
opinión, deberán incorporarse necesariamente al terreno de
los propósitos, en los programas operativos anuales y las
metas 2009 de las instituciones públicas, de las empresas
privadas y de las organizaciones civiles.
Así, por ejemplo, si tal y como se ha afirmado, después de
la reciente Conferencia de la ONU sobre cambio climático,
México ocupa un lugar de liderazgo en el conjunto de las
naciones iberoamericanas y frente a los países desarrollados
en materia de cambio climático, nuestro país no deberá
limitarse a promover el flujo de financiamiento y de nuevas
tecnologías a la región. Sobre todo, México deberá también
fortalecer los esquemas de promoción e incorporación de la
participación social en los procesos de toma de decisiones,
asegurando con ello criterios de equidad en las
negociaciones internacionales que garanticen el acceso de la
población latinoamericana a los mínimos de bienestar, el
permanente mejoramiento de su calidad de vida y la
impartición efectiva de justicia (incluida la justicia
ambiental).
En el 2009, nuestra nación tiene el reto (y debiera asumirse
no sólo como un propósito) de permear los criterios de
cuidado del medio ambiente en todos los sectores de la
administración pública (llámese sector económico,
agricultura, comercio, salud, energía, turismo o cualquier
otro), así como en las actividades productivas, comerciales
y de servicios. La preservación y la protección del medio
ambiente y de los recursos naturales, no sólo corresponde a
un sector administrativo del Estado; es una obligación que
atraviesa de manera transversal a todo el aparato público,
pero también a la sociedad en su conjunto.
En la reciente Conferencia de Poznan, en Polonia, nuestro
país se comprometió a reducir –para el 2050- a la mitad sus
emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Si queremos
ser consecuentes y alcanzar ese propósito en el largo plazo,
desde hoy tenemos que ver cómo le vamos a hacer. Debemos
comenzar ya a identificar áreas de oportunidad, a negociar y
concretar acuerdos con la planta productiva, con la
población en todos los estados y entre los legisladores; hay
que distribuir responsabilidades diferenciadas entre los
sectores productivos y los gobiernos, así como fortalecer
definitivamente a las autoridades ambientales que vigilarán
y aplicarán castigos y sanciones a quienes no cumplan. En
fin, 2009 pudiera ser –ese es mi deseo- el año de los
grandes acuerdos nacionales para construir el desarrollo
sustentable. FELIZ AÑO.
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