El derecho ambiental en México: un campo nuevo para la defensa de la ciudadanía

El derecho a un medio ambiente sano se acompaña del derecho a la participación ciudadana y el derecho a la información. Desde sus inicios, la PAOT ha fomentado la participación ciudadana en la protección y el mejoramiento del medio ambiente

IMER Radio Ciudadana 660 AM
Ciudad de México
Martes 16 Enero, 2007

Trasmitido el 11 de enero de 2007. Texto: Andrés Ortiz. Fotografía: Francisco Calderón

El programa radiofónico Ollín Caban, una cultura ambiental en movimiento, que transmitió la radiodifusora XEDTL el jueves 11 de enero se dedicó al tema “Derecho y justicia ambiental” con la conducción de Dulce Flores, Sandra Vázquez y Fabián Carballo. Para desarrollar el tema estuvieron como invitados la doctora Elena Ruth Guzmán Gómez, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Ambiental, A.C., la doctora María del Carmen Carmona Lara, miembro del Consejo Consultivo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, y el licenciado Francisco Calderón Córdova, coordinador de Participación Ciudadana y Difusión de la Procuraduria Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.

Según el doctor Raúl Brañes : “El derecho ambiental es un sistema racional de normas sociales de conducta que pueden codificar de manera relevante las relaciones que se dan, directas e indirectas, entre los organismos vivos y sus sistemas de ambiente.” Pero, según dijo María del Carmen Carmona, es posible poner en términos más sencillos esta definición filosófica y decir que se trata de las relaciones entre hombre y naturaleza, y en especial, en cuanto a los elementos de esta última que le sirven al hombre para su supervivencia. En este sentido, la percepción del derecho ambiental como perteneciente a la “tercera generación” está cambiando, ya que se trata también de un derecho fundamental que busca garantizar la propia posibilidad de la vida humana.

Al derecho ambiental –abundó la doctora Carmona- se le asocia muy cercanamente el derecho a la información, pues solamente al estar informados es que podemos conocer y evitar los riesgos que se encuentran en nuestro ambiente y nuestro consumo, ya sea para la salud o la integridad de las personas. También está el derecho a participar socialmente en la toma de decisiones acerca de asuntos que impactan al medio ambiente y a la posibilidad de contar con servicios públicos eficientes y adecuados.

En una cierta medida, la conjunción de estos derechos ha permitido pasar del antiguo principio del derecho ambiental que se resumía en el “quien contamina paga” a un nuevo principio más completo, que se puede resumir como “quien contamina paga, restaura e indemniza”. Y esto se logra gracias a un mayor acceso del ciudadano a los mecanismos por los que se administra la justicia ambiental.

Elena Ruth Guzmán comentó que la justicia ambiental significa que ningún grupo social deba cargar de manera desproporcionada con los costos ambientales del desarrollo. Por ejemplo, en el asunto de la modificación del clima por el efecto de gases de invernadero tenemos que ver quiénes son los emisores de esos gases. México emite el 2 por ciento del total de las emisiones, mientras que Estados Unidos tiene el 25 por ciento; el resto de las emisiones es responsabilidad, básicamente de países europeos y latinoamericanos (entre estos últimos, México tiene el 45 por ciento). Los acuerdos que se han tomado hasta ahora para disminuir las emisiones se encuentran a nivel gubernamental, pero difícilmente han sido asumidos por el conjunto de la sociedad. Pero las consecuencias ambientales y económicas sí están afectando ya a grandes capas de la población mundial; de manera que se está provocando un problema de injusticia ambiental, ya que son unos cuantos los que producen las emisiones y son muchos los que están siendo afectados.

La doctora Guzmán señaló que para ejercer debidamente los derechos ambientales es necesario saber que éstos existen y conocer, de alguna manera, la estructura que rige la aplicación del derecho en nuestro país. Es grave –señaló Elena Ruth Guzmán- que a veces, ni siquiera los estudiantes de cursos de postgrado o diplomados conozcan los principios de ordenación y aplicación del derecho en México. Pensemos qué sucede entonces en el nivel de las estructuras municipales o delegacionales –para el caso del DF- en donde los encargados de vigilar la aplicación real de los derechos ambientales muy probablemente los desconocen. El problema del desconocimiento se liga a una gran deficiencia del aparato educativo formal en México, de lo cual nos da una simple muestra el hecho de que se hayan eliminado de los programas de estudio del nivel básico materias como civismo, que era en la que los alumnos podían adentrarse en el conocimiento de los derechos y deberes del ciudadano.

Francisco Calderón, vocero de la PAOT, afirmó que desde que se hizo el diseño institucional de la Procuraduría –que contó con la participación del doctor Brañes- fue importante asegurar que la ciudadanía del DF tenga acceso a la información sobre sus derechos ambientales; también se han fomentado mecanismos de participación ciudadana, entre los que destaca la denuncia contra ilícitos ambientales. Esta última es una de las maneras en que la población puede participar en la defensa de su entorno, trátese de su calle, su colonia, su delegación. Desde el inicio de sus labores, la PAOT ha trabajado en el sentido de construir y fortalecer esos mecanismos de participación, así como los vínculos de comunicación entre la población y las autoridades ambientales.

Respecto a una de las preguntas que el auditorio de Ollín Caban hizo a los invitados al programa, Francisco Calderón comentó que en la página Web de la PAOT hay una sección llamada “Tu espacio” en donde se puede consultar un directorio de organizaciones ambientalistas del DF y del país, entre las que se encuentran organizaciones juveniles, de manera que las personas interesadas en conocer los quehaceres de tales organizaciones y sumarse a ellos, pueden conectarse a través de las ligas que tiene la página de la PAOT. Asimismo, en la página están compendiadas muchas leyes y ordenamientos en materia ambiental y territorial, así como estudios de especialistas tanto de la propia Procuraduría, como de otras instancias académicas y de la administración gubernamental. Muchos de estos materiales se encuentran en el Centro de Información de la PAOT, sea en forma electrónica (en la página mencionada) o sea en forma material (en la biblioteca situada en Manzanillo # 1, cuarto piso, col. Roma Sur).

Francisco Calderón Córdova, María del Carmen Carmona Lara y Elena Ruth Guzmán Gómez