Medios de comunicación, importante espacio donde se manifiestan denuncias ambientales

Zona Verde. Radio Red, 1110 AM. Grupo Radio Centro
Ciudad de México
Martes 30 Enero, 2007

Programa transmitido el sábado 27 de enero de 2007. Texto Andrés Ortiz.

El Coordinador de Participación Ciudadana y Difusión de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, Lic. Francisco Calderón Córdova, participó este sábado en el programa “Zona Verde”, que conduce el químico Luis Manuel Guerra. En esta emisión fueron varios los temas abordados, pero especialmente se habló de la importancia de presentar denuncias sobre asuntos ambientales a través de las llamadas telefónicas que reciben los medios de difusión, y la posibilidad de ser canalizadas éstas a instancias como la PAOT, para su pronta atención.

La Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal (LOPAOT) faculta a esta institución para atender denuncias de carácter ambiental y territorial que se presenten en los medios masivos de comunicación. Al determinarse en la PAOT que un asunto denunciado en los medios reviste una importancia tal que debe ser atendido, se inicia un procedimiento para abrir una investigación de oficio. La problemática denunciada se afina, entonces, al solicitar a las autoridades involucradas información sobre el caso.

Calderón Córdova comentó que en el caso presentado a “Zona Verde” por un radioescucha -quien denunció que en el Parque Ecológico de las Águilas, se están levantando construcciones en la parte poniente- ya se solicitó a la delegación Álvaro Obregón que informe si en efecto se trata de una invasión sobre un área verde de uso restringido, o si se han autorizado cambios al uso del suelo. Por su parte, personal de la PAOT realizará visitas al lugar de los hechos para verificar la situación; y posteriormente, en el momento en que la delegación presente los informes solicitados, se analizará si hay violaciones a los usos de suelo permitidos y establecidos en el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. Si se comprobara que se cometieron irregularidades, ya sea con conocimiento de causa o por omisión, la PAOT emitirá una resolución o, en su caso, una recomendación, a fin de que las autoridades correspondientes hagan cumplir las disposiciones legales y, si este es el caso, impongan a quien corresponda las del DF, para explicar porqué no están aceptando las recomendaciones. Como la calidad técnica y jurídica de las recomendaciones de la PAOT es muy alta –dijo-, resulta difícil que se puedan rebatir las conclusiones a las que se llega en una de ellas; además de que, generalmente, los impactos ambientales están a la vista. Por lo tanto, la mayoría de las recomendaciones son aceptadas.

Es posible –continuó comentando Calderón Córdova- que esté aumentando el nivel de sensibilidad de las autoridades, tanto del gobierno local central, como de las delegaciones políticas, sobre los asuntos ambientales. Para la PAOT, la emisión de una recomendación no equivale a un “regaño” para las autoridades, sino que es una especie de asesoría, pues existe mucho desconocimiento de la normatividad ambiental y del ordenamiento territorial entre las propias autoridades. Por eso, lo que hace la Procuraduría es indicar cuáles son las mejores condiciones de aplicar la ley, de utilizar ciertos instrumentos jurídicos y de conciliar los intereses de las partes involucradas, sin perder nunca de vista la necesidad de preservar la calidad ambiental del entorno.

En el programa se comentó también el caso del puente vehicular que se está construyendo para unir la delegación Cuajimalpa, Distrito Federal, con el municipio de Huixquilucan, Estado de México; caso muy abordado en la prensa de ambas entidades y que ha despertado la inquietud de algunas organizaciones vecinales de la zona. Luis Manuel Guerra dijo que tras las protestas en contra del puente existen intereses políticos y económicos, pero que para él la obra es necesaria y que cuenta con una manifestación de impacto ambiental bien hecha, lo que permitiría mitigar las afectaciones ambientales que tengan lugar. En todo caso, se puede pedir a instituciones académicas reconocidas que evalúen si las medidas propuestas son las mejores o si se deben presentar otras.

Al respecto, Francisco Calderón dijo que en respuesta a las denuncias presentadas en los medios, a fines de diciembre de 2006, se abrió una investigación de oficio en la PAOT sobre este caso. Posteriormente, un grupo de vecinos presentó una denuncia ciudadana en la Procuraduría. El expediente del caso ha acumulado ambas investigaciones en una sola que actualmente se está llevando a cabo. La PAOT ya contempla que se involucre a instancias académicas y a especialistas en la elaboración de un dictamen sobre los impactos ambientales que sufrirá la barranca donde se pretende construir el puente; ese dictamen deberá indicar si la construcción puede ser hecha observando ciertas medidas de mitigación y de restitución que posibiliten mantener el equilibrio ambiental necesario o si esto no es posible. Esto es muy necesario –señaló- porque las barrancas del DF están sujetas a una serie de presiones que están afectando seriamente sus funciones ambientales: las invasiones con asentamientos precarios irregulares, la construcción de conjuntos habitacionales de lujo, el depósito ilegal de cascajo y otros residuos de la construcción, los tiraderos clandestinos de basura, la descarga de aguas residuales y otros procesos ilícitos más, están dañando al sistema de barrancas de la capital y esto debe ser detenido pronto, antes de que los efectos sean irreversibles (en la página web de la PAOT hay información sobre el caso de este puente en Cuajimalpa y sobre la problemática de las barrancas del DF en general).

 Al ser cuestionado sobre el cumplimiento de las recomendaciones que ha emitido la PAOT desde 2002 a la fecha, el funcionario público respondió que, afortunadamente, la mayoría de las recomendaciones han sido aceptadas por las autoridades a las que se dirigen. Anteriormente, en unos pocos casos, la aceptación fue parcial; pero, a partir de las reformas hechas a la LOPAOT en 2006, las autoridades que no acepten plenamente una recomendación de la Procuraduría están obligadas a comparecer ante la Asamblea Legislativa